Didáctica Del Fraude Electoral

Por: Alberto Rhi-Sausi Galindo

Introducción
Un reciente libro de Rodríguez Araujo nos revela que la ultraderecha y la derecha mexicana no quieren a AMLO, no porque represente un movimiento revolucionario, sino porque destaparía la gran corrupción del poder político y empresarial. Estamos inmersos en una crisis no deseada que la izquierda no provocó sino fue causada por quienes han querido impedir a toda costa que AMLO sea el próximo presidente de todos los mexicanos. Están cegados en admitir que él es la garantía de la no violencia y que el movimiento de resistencia pacífica se mantenga por causes institucionales.
La ultraderecha está representada por el gobierno de Fox y su esposa, ambos asociados con la organización secreta El Yunque apoderado desde el año 2000 del Partido Acción Nacional y representantes también de los intereses empresariales más reaccionarios y corruptos del país organizados en el Consejo Coordinador Empresarial y en otras cúpulas oligárquicas de México y el extranjero. La derecha está representada por el PRI y sus más conspicuos representantes Madrazo y Gordillo. Los priístas son los mismos que se aliaron con el PAN para reprivatizar la banca, para dejar a los campesinos pobres sin recursos ni expectativas, para desaforar a López Obrador, para llamar a votar a los priístas por Calderón sobre todo en los estados del norte de la república, para tratar de evitar en Chiapas que el candidato de la CBT pudiera ganar y para avalar sin participar el fraude electoral del 2 de julio y los días siguientes. El punto de unión de la ultraderecha panista y de la derecha priísta es la defensa del modelo económico denominado neoliberalismo que ha causado que unos cuantos sean obscenamente ricos y el 80 por ciento de la población pobre y sin empleos fijos y bien remunerados.

El Proceso Electoral 2006.
Una serie de eventos políticos avisoraron la intencionalidad de lo que venía para el proceso electoral: la falta de pluralidad del IFE cuando fueron elelectos los consejeros; los nombramientos de presidentes de juntas distritales con interferencia de gobernadores y partidos políticos, precedidos por el ilegítimo proceso del desafuero del Jefe del Distrito Federal para sacarlo de la contienda electoral e impedido por la movilización popular. Durante el curso del proceso electoral una serie de acciones ilegales resueltas de manera incompleta por las conductas procalderonistas del consejero presidente del IFE y sus consejeros, ameritaron la intervención a destiempo de la SCJN y del TRIFE. Estas acciones las podemos resumir de la siguiente manera:
· La publicidad del gobierno federal y del presidente a favor del candidato de su partido, que se financió con tiempos fiscales y oficiales y cuya suspensión había ordenado la Suprema Corte.
· La publicidad que pagaron el Consejo Coordinador Empresarial, empresas y asociaciones paralelas. Ilegal de acuerdo al COFIPE y Ley de Cámaras
· La publicidad negativa (ilegal) de la campaña del PAN, donde se pintó a AMLO como "un peligro para México". Cancelada por el TRIFE después de varias semanas.
· El gasto social y el gasto del candidato oficial que rebasó con mucho el límite legal.
· Utilizar al Ministerio Público para intimidar a gobernadores o para afectar intenciones de voto priísta a favor del PAN (Jalisco y Echeverría).
· El debilitamiento del carácter ciudadano de las mesas de casilla con la sustitución de tantos funcionarios en las 48 horas anteriores a la elección.
La Jornada Electoral del 2 de julio y el desempeño institucional del IFE seriamente cuestionado.
· La misma noche de los comicios el árbitro nuevamente no estuvo a la altura y los dos candidatos punteros se declararon vencedores.
· El 3 de julio fue el día en que el PREP generó la duda al ocultar y no contabilizar las casillas inconsistentes.
· El 4 de julio el fantasma del fraude empezó a generalizarse. De pronto la diferencia de 1.04% entre los punteros, Calderón y AMLO, se redujo a sólo 0.6%.
· Entre el 5 y el 6 de julio se hizo el cómputo de las actas en los 300 distritos de todo el país. El resultado final le dio una ventaja de 0.58% a Calderón con un 35.89% contra un 35.31% para AMLO. La suma de los datos no le corresponde al Consejo General, sino al TRIFE. Indebidamente Ugalde dio por ganador a Calderón con datos que legalmente no existieron, cuando la Constitución dice que el cómputo general lo realiza el TEPJF, no el Consejo General del instituto.
· La desconfianza institucional en el IFE fue consecuencia de la falta de imparcialidad de los consejeros
· El 6 de julio AMLO afirma que no reconoce los resultados porque hay muchas irregularidades y que impugnará la elección en el Tribunal Electoral.
· Dos días después, en el zócalo de la capital, AMLO declara enfático, frente a una multitud enojada, que hubo "fraude" y llama a una movilización nacional pacífica.
El TRIFE: reconteo y espera.
· El reconteo evidenció que la jornada electoral perfecta adoleció de errores evidentes que no fueron subsanados en los consejos distritales del IFE, cuando debiendo haber procedido de oficio, rehusaron abrir los paquetes electorales ante las notorias discordancias de datos que debían coincidir sin necesidad que un partido lo solicitara.
· La sentencia del Tribunal Electoral al ordenar la apertura de los paquetes electorales estableció que “el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida”. Y precisa: “En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario”.
El Tribunal responsable de calificar los resultados rechazó aprobar el recuento total. La resolución fue para abrir y recontar sólo 9 por ciento de las casillas, insuficiente en una elección nacional en donde el margen es menor de un punto porcentual, aceptando que había habido errores evidentes en casi 12 mil casillas en 26 estados.
En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las casillas, pues en 43 por ciento se encontraron votos de más; es decir no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente en promedio 6 votos por casilla.
En el 30 por ciento de las urnas sustrajeron un promedio de 10 votos emitidos a favor de AMLO.
En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla.
Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casillas.

En las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente.
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: “Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas.
Aplicando la ley y respetado sus propios criterios, deberían anular las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
· Los delitos (entre otros: los votos de más, no justificados) que se realizaron el día de la elección en un número muy alto y que están consignados en las diligencias judiciales que llevaron a cabo magistrados y jueces durante el recuento parcial que fue ordenado por el Tribunal.
· El análisis del reconteó por Hugo Almada reveló que los votos del PAN se contaron mal en el 43% de las casillas y bien en el 57%. El resultado de tales errores fue que Calderón tuvo votos de más en el 27.5% de las casillas del reconteo, atribuídos a las acciones de los escrutadores designados al margen de los procedimientos formales del IFE.


El Fallo del Trife.
· Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica.
· La decisión de los magistrados Leonel Castillo, Mauro Miguel Reyes, José Fernando Ojesto, Alfonsina Berta Navarro, José Luna, Eloy Fuentes y José de Jesús Orozco avalando el fraude, a pesar de las evidencias descomunales que existen, constituye no nada más una vergüenza para ellos en lo personal y para la judicatura mexicana, sino, sobre todo, un acto que da origen a una ruptura del orden constitucional y jurídico del país que será responsabilidad de ellos.
· Confían en que los mecanismos de dominación del pasado, y en particular la campaña de Los Pinos instrumentada por Televisa, van a operar imponiendo la creencia de que no hubo un fraude de tan magnas dimensiones y que Calderón les garantizará a todos ellos la impunidad como al resto del hampa electoral, se equivocan.
· Representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado. Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Convención Nacional Democrática.1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.4°. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:1) Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.2) Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.3) Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.4) Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.5) Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.5°. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.6°. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.7°. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
La Teoría del Desgaste
Según ésta, con el simple paso del tiempo alguna de las partes acabará vencida y volverá la normalidad. Pero no es cierto. Las decisiones políticas tomadas hasta ahora ya han dejado enormes saldos.
La fractura de la confianza y transparencia en el IFE que se habían convertido en una pieza clave para la construcción de un régimen plenamente democrático, parece cosa irremediable.
Tampoco es reparable ya la deslealtad con la que actuaron los protagonistas principales (IFE, SCJN, TRIFE, FEPADE), mostrando la fragilidad con la que pueden destruirse las instituciones democráticas cuando dependen casi por completo del sistema de partidos, como ocurre en México.
Ni tampoco será el paso del tiempo a secas el que resuelva los agravios (ni los reales ni los imaginarios) que han ofendido a los partidarios de López Obrador, ni mucho menos el que mitigue los desafíos a la legalidad con los que éstos han decidido enfrentarlos.
De mantenerse como la estrategia principal en ambos bandos, la teoría del desgaste acabará por llevar el escalamiento del conflicto hasta territorios francamente estériles.
De un lado, porque la idea de gobernar dejando invariablemente al margen a los miembros de la coalición de López Obrador no sólo profundizaría la polarización que ya se adueñó del ambiente político vigente, sino que supondría que el bando opuesto se quedara sin recursos para reaccionar.
Pero ocurre que ese bando ya es, por derecho propio, la segunda fuerza política de México en las cámaras legislativas, gobierna en seis entidades federativas (incluyendo el Distrito Federal) y cuenta con representación en todas las cámaras locales y en casi todos los ayuntamientos del país.
No es un movimiento aislado ni ajeno al funcionamiento cotidiano de los poderes públicos. De hecho, la izquierda política de México nunca había ganado tanta fuerza como ahora. De modo que el problema está muy lejos de reducirse, como dijo el presidente Fox, a "una calle de la ciudad de México".
La teoría del desgaste no sólo es una lógica abiertamente opuesta a las más elementales reglas de la convivencia democrática, sino que es un desafío directo a la vigencia misma del estado de derecho.
Sufragio efectivo. No imposición.