La Reforma Constitucional en Materia Electoral
REFORMA ELECTORAL de Tercera Generación 2007
Por: Alberto Rhi-Sausi Galindo
INTRODUCION.
El fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales en julio del 2006, instigado por la derecha política de nuestro país, obedeció al temor que AMLO evidenciara y corrigiera la insultante corrupción del poder político y empresarial y la reversión del modelo económico implantado en México desde hace treinta años que ha causado que nuestro país sea considerado como uno de los más desiguales del planeta.
Para lograrlo invirtieron hasta hoy; incuantificables cantidades de dinero público y privado para comprar medios de comunicación, agencias encuestadoras, cooptar a las instituciones electorales como el IFE, TEPJF, Fepade, SCJN, Gobernadores y muchas conciencias ciudadanas que intercambiaron prebendas y protección laboral como fue el caso del magisterio nacional.
La imposición de un presidente que se dice legal pero completamente ilegítimo para millones de mexicanos, ha provocado que la paz que estamos viviendo se esté quebrando por los cuatro puntos cardinales de la Nación, mostrando que no tenemos un objetivo compartido, capaz de provocar más solidaridad, confianza, responsabilidad y capital social positivo.
Hemos sido testigos de cómo la política se convirtió en una guerra entre poderosos y como la política económica imperante obstruye el acceso a la gente común y corriente. Sin objetivos comunes las personas nos refugiamos en la lógica del egoísmo y en nuestra vida propia siendo inútil la promoción de valores cuando en la práctica casi nadie los sigue. Hay un desacuerdo sobre la identidad y el sentido de pertenencia que compartimos la mayoría de los mexicanos.
De los productos generados por el gobierno podemos destacar: que el crimen organizado está demostrando que se ha vuelto más poderoso que todas las policías juntas, que la economía informal sigue creciendo, la evasión fiscal es una práctica habitual, las cárceles están llenas de pobres y la mayor parte de los puestos públicos siguen siendo un botín de los poderosos. Lo más dañino, es la duda de que el acceso al poder político no puede lograrse por la vía electoral.
La reforma electoral recién aprobada por el Poder Legislativo, sin posibilidad legal de veto por el presidente, nos da una idea de la magnitud de la polarización política e ingobernabilidad nacional siendo considerada como la reforma mea culpa, porque reglamenta algunos de los puntos más controvertidos en las elecciones del pasado 2 de julio de 2006, entre ellos, impedir las campañas negras, la guerra sucia, como la que se puso en práctica en contra de AMLO.
LAS REFORMAS ELECTORALES
Primera Generación
Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos. La transformación de la oposición extraparlamentaria en una oposición institucional constituyó, a todas luces, uno de los logros más significativos del avance democrático que ha venido generándose con el paso de las reformas electorales de las pasadas tres décadas. La reforma electoral de 1977 allanó el camino al legalizar al Partido Comunista Mexicano, al abrir importantes espacios en radio y televisión a los partidos de oposición, y al ampliar la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Segunda generación
De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.
En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.
Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
En el mismo sentido, las reformas de 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 también se vieron reflejadas en el mejoramiento de un sistema democrático en el que la mayoría de los actores políticos ha optado por mantenerse dentro del marco institucional de mediación, negociación y representación.Tal trayectoria generó la impresión en no pocos estudiosos de que México no solamente se había sumergido de lleno en el "tránsito" hacia la democracia, sino que a partir del año 2000 el país había arribado con éxito a la categoría de las democracias "consolidadas". Lo que ahora se ve es una auténtica involución democrática.
Eraña académico constitucionalista de la UI escribe "De la alternancia fallida pasamos a la democracia cínica, los magistrados dejaron en un estado de profunda debilidad argumentativa el triunfo del presidente electo" y al proceso electoral con un latente cuestionamiento. Y lo más abusivo de todo, asegura, es que crearon un perfecto catálogo jurisprudencial para saber cómo eludir el control de la legalidad y constitucionalidad, manteniéndose siempre en el límite de las conductas. "Será muy útil para los mapaches electorales del futuro".Es incorrecto atribuir el desmoronamiento democrático al proceder "populista" o "demagógico" del candidato presidencial que el tribunal señaló como perdedor. Por el contrario, la principal fuente de la crisis política actual es la falta de certeza y transparencia en los resultados de la jornada electoral del 2 de julio. Esto es precisamente lo que ha llevado al país al actual clima de crispación política, y a varios millones de mexicanos al repudio de las instituciones realmente existentes.
Tercera Generación
Tal como lo especifica el Senado de la República "La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación. Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.
Primer Objetivo.
El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.
Una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos hará posible que no siga creciendo, como ha sido hasta ahora, con motivo del incremento en el número de partidos políticos nacionales. Para decirlo de manera clara y sencilla: con la nueva forma de cálculo propuesta por esta Iniciativa, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales supone que cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos.
Pero además, se proponen límites mucho menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos en una reducción de más del 85 por ciento en el monto absoluto que cada partido podría recibir anualmente por esos conceptos.
La Iniciativa avanza en la atención directa de un aspecto que preocupa a la sociedad y a todos los partidos políticos: el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.
En consonancia con la reducción al financiamiento de campañas, y para atender un justificado reclamo de la sociedad, se propone establecer que la campaña presidencial acorte su duración actual en casi la mitad, de 186 días a 90 días, plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.
Segundo Objetivo.
Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esa dirección, El Senado hace realidad una propuesta que hace años merece consenso pero que diversas circunstancias habían hecho imposible de concretar: la renovación escalonada de consejeros electorales y de magistrados electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado positivos resultados en otros órganos públicos colegiados, estamos seguros de que dará resultados igualmente positivos para las dos instituciones pilares de nuestro sistema electoral.
Tercer Objetivo.
De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.
En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.
También son importantes las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política."
La tercera generación de reformas electorales tiene como base tres grandes objetivos:
1. Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales.
2. Fortalecer las atribuciones de las autoridades lectorales federales.
3. Diseñar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos.
Las propuestas que derivan de estos grandes objetivos son:
· Reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales.
· Una nueva fórmula de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.
· Reducción del financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos.
· Reducción en tiempos de campaña y regulación de precampañas electorales.
· Perfeccionamiento de la facultades del TEPJF, con respecto a la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución.
· Renovación escalonada de consejeros electorales.
· Prohibición para actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y resultados.
· Prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.
En lenguaje común y corriente este último objetivo se traducirá en:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás. El derecho de réplica se agrega para complementar el conjunto de normas que regulan la garantía individual de libre expresión.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización (mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos) de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
Las reformas constitucionales en materia lectoral se aprobaron en el Senado de la República la noche del 12 de septiembre del 2007 con 110 senadores a favor, 11 en contra y cero abstenciones después de un grotesco, cínico y grosero ataque mediático nacional por la radio y la televisión. Votaron mayoritariamente al filo de las 10 de la noche y con un largo aplauso que coronó la noche, media hora antes del noticiero estelar. En la Cámara de Diputados la aprobación de las reformas concluyó con 362 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones sin modificación alguna de la minuta senatorial. Para su publicación y ejecución requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales y hasta hoy, 25 legislaturas han externado su intención de aprobarlas. El presidente no tiene derecho de veto.
Para rematar el 20 de septiembre del 2007, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para que no se suspendan derechos políticos hasta que se demuestre culpabilidad de la persona. Una persona sin sentencia no perderá a ser votado, como se intentó con AMLO.
LA REACCION DE LOS PODERES FACTICOS.
Todavía en las elecciones federales pasadas, 11 por ciento de los electores decidieron su voto con información de los periódicos y revistas, mientras el resto 89 por ciento lo hizo con los elementos que le aportaban la televisión y la radio.
En el estudio preparado por el Instituto Federal Electoral también se daba cuenta de que, por cada peso recibido del presupuesto federal para los comicios del 2 de julio de 2006, 80 centavos se destinaron a medios de comunicación en general, de los cuales 70 fueron directamente a la televisión. De ese tamaño fueron los negocios y los compromisos que se llevaron a cabo antes, durante y después de las campañas electorales.
Por lo que hace a la competencia electoral, los partidos políticos dejaron a un lado, como ha sido costumbre durante décadas, la formación de cuadros, la divulgación ideológica y de plataformas políticas, el desarrollo y pago de auténticas estructuras nacionales y. en suma, el establecimiento de procesos que apuntan hacia la profesionalización de la actividad política. En cambio, la improvisación, las ocurrencias, los compromisos circunstanciales se han abierto paso para que en las campañas electorales sean lo que dé sustancia a la búsqueda del sufragio. Los resultados han sido, además del envilecimiento de los contenidos en los mensajes de televisión y radio, un empobrecimiento de la política, cuyas consecuencias vulneran directamente las bases de la convivencia que debe propiciar la democracia.
Fue interesante ver y escuchar durante tres horas, el martes 11 de septiembre del 2007, las intervenciones que no llegaron al nivel de debate de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores, frente a unos doscientos asistentes invitados por el poder legislativo para analizar la reforma electoral y las relación con los medios de información.
De entrada se pudo observar lo variado de los disfraces: televisoras que reivindican la democracia, la transparencia, la libertad empresarial y el ejercicio del derecho a la información; directivos del duopolio disfrazados de senadores; políticos profesionales disfrazados de comunicadores; personeros de Marta Sahagún y Tv Azteca disfrazados de personal de asepsia; locutores y mercaderes del micrófono disfrazados de periodistas y comunicadores; Los Pinos con disfraz del empresario Pedrito Ferriz de Con, el sempiterno vocero presidencial oficioso; una chantajista profesional disfrazada de “periodista de espectáculos”; banqueros disfrazados de conductores de noticieros; barones de los medios electrónicos disfrazados de mexicanos de a pie, exigentes de sus derechos, pero negadores de sus responsabilidades; ambiciones políticas y económicas disfrazadas de reclamo democrático, de protesta, de indignación. En fin, ésos y otros disfraces se vieron en el Senado, cuando en realidad el nombre del juego es clarísimo: nos negamos a dejar de ser factor de primer nivel en la toma de decisiones del país, de intervenir en el juego electoral y de sacar siempre la ficha ganadora en el jugoso negocio de las concesiones y los dineros públicos. Nos negamos, en síntesis, a dejar de ser quienes siempre hemos sido.
Los monopolios televisivos y radiofónicos de México: Televisa, TV Azteca y Radiofórmula, cuyos dueños pertenecen a las familias más poderosas del país y del mundo, están indignados porque los legisladores (diputados y senadores) estaban a punto de aprobar una reforma electoral que propone eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos y ocupar solamente los minutos que los medios están obligados a otorgar al Estado como pago de derechos. Si se aprueba este punto, las funestas empresas de información dejarían de obtener los dos mil millones de pesos que los partidos políticos dilapidan en la TV y la radio en períodos electorales. Sumando a esa multimillonaria cantidad, en las elecciones presidenciales de 2006, aparecieron en la TV 281 mil espots que nunca fueron acreditados, ni tampoco se han investigado y menos sancionado a quien o quienes ilegalmente pagaron esa propaganda.
Los medios electrónicos informativos en México, desde la década de los cincuenta, han venido monopolizando las concesiones que los diferentes gobiernos del PRI y del PAN les han otorgado a cambio de ponerse al servicio del poder. Cuando han hablado y peleado por la “libertad de información” siempre lo han hecho por la libertad de información para ellos, para que puedan hacer y decir lo que les dé la gana. En México hay 107 millones de habitantes “sin voz”, que no tienen acceso a los medios controlados por unas cuantas familias (no más de cincuenta) que sin la menor objetividad y decencia deforman todos los hechos, los acomodan a los intereses empresariales y gubernamentales. Reclaman la libertad de comercio, la libertad para hacer negocios, la libertad para interpretar los hechos de acuerdo a sus intereses. Hablan de libertad, pero sólo de aquella que conviene a sus intereses económicos y políticos. Todos los días y a todas horas, sobre todo en tiempos de campañas políticas, se puede escuchar en los medios electrónicos informativos mexicanos una persistente campaña de información deformada y calumniosa contra los sectores más humildes y miserables de la población. La TV y la radio, en vez de ayudar en la orientación y educación de la población, hace énfasis en los vicios de las familias pobres y desempleadas para resaltar “su ignorancia e indolencia”, así como “la delincuencia” en que caen para luego exigir castigo. Por el contrario durante muchas horas se dedican a transmitir programas estadounidenses de familias ricas o acomodadas que presentan como modelos y comportamientos consumistas que deben imitarse. No solo deforman la información noticiosa acomodándola a sus intereses empresariales, también dedican mucho tiempo para ideologizar a los televidentes con valores de la modernidad capitalista.
La televisión mexicana se encarga de infantilizar al público televidente. Sabemos que el 89 por ciento de la población obtiene la información en general de la televisión. Sólo un 11 por ciento lee periódicos y revistas. La mayoría de los programas televisivos dirigidos al gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes y un tono particularmente infantil, como si el espectador fuera un niño de corta edad. Sin plantearle nada que lo cuestione o lo haga pensar. De esta manera, la población se acostumbra a reaccionar si ningún sentido crítico, como niños.
Este sistema de manipulación basado en la promoción del mercancías y de diversión produce individuos proclives a la servidumbre, piensan que son culpables de su desgracia a causa de su falta de inteligencia, capacidades o de sus esfuerzos. En vez de asociarse para luchar se autodevalúan y se culpabilizan, lo que genera un estado depresivo que los inmoviliza para la acción. Creen que no se puede hacer nada.
Los medios de comunicación masiva promueven el desprecio por la política y los políticos. La mayoría de la gente piensa que lo importante es conseguir un poco de dinero para llevar a casa y lo que hagan los políticos les importa un bledo, pues lo único que hacen es robar, para eso están ahí. Podría demostrarse que el 80 por ciento de la población ciudadana mexicana se encuentra en esa situación de desinterés, incluso de repudio de la política porque están convencidos de que no sirve de nada.
Hasta hoy las políticas de gobierno y de Estado han sido dominadas por los grandes políticos y empresarios que ejercen el control en nuestro país. Ellos han organizado las elecciones, subsidian las campañas, pagan a los medios informativos, han influido de manera determinante en la orientación del voto y han colocado a su gobierno. A la mayoría de la población engañada le tratan de hacer creer que decide cuando en realidad sólo legitima con su voto lo que empresarios y políticos organizan.
Puede existir buena política como es el caso de la Reforma Electoral, también se puede poner de pie lo que está de cabeza, de hecho es un instrumento poderoso que puede transformar la misma base social y económica que sólo se aprende con la participación en las luchas sociales, defendiendo los intereses de la mayoría y enfrentándose a los enemigos de siempre.
La aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral por el poder legislativo evidencia el desfondamiento de la presidencia y se derrota el miedo a uno de los poderes fácticos, detrás de toda una longeva actuación de heroicos ciudadanos cuya dignidad había sido pisoteada por la comercialización de las elecciones
La ocurrencia de la CIRT de enviar a sus estrellas de la comunicación a polemizar con los legisladores no pudo ser más desafortunada. La comparecencia, que se anunciaba con las trompetas de un golpe de Estado televisivo, tornó en el ridículo. Los comunicadores, fuera de su trono mediático, se convirtieron en vulnerables corderitos. Impotentes, incompetentes y vapuleados por los mismos a quienes desprecian.
Retomando a Muñoz Ledo, esta situación es también consecuencia de la ilegitimidad de la elección presidencial, como ambas cámaras lo reconocieron en la exposición de motivos de la Ley para la Reforma del Estado. Así, las modificaciones aprobadas en el Poder Legislativo prohibiendo las campañas negras, sacando el dinero de las elecciones, renovando el IFE y despidiendo a los consejeros electorales, implican la condena de los abusos cometidos durante los pasados comicios y un desagravio parcial a AMLO, a quien la Presidencia le fue arrebatada.
En Ciudad Victoria Tamaulipas a 23 de septiembre del 2007
rhisausi@yahoo.com
drhisausiblogspot.com
Por: Alberto Rhi-Sausi Galindo
INTRODUCION.
El fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales en julio del 2006, instigado por la derecha política de nuestro país, obedeció al temor que AMLO evidenciara y corrigiera la insultante corrupción del poder político y empresarial y la reversión del modelo económico implantado en México desde hace treinta años que ha causado que nuestro país sea considerado como uno de los más desiguales del planeta.
Para lograrlo invirtieron hasta hoy; incuantificables cantidades de dinero público y privado para comprar medios de comunicación, agencias encuestadoras, cooptar a las instituciones electorales como el IFE, TEPJF, Fepade, SCJN, Gobernadores y muchas conciencias ciudadanas que intercambiaron prebendas y protección laboral como fue el caso del magisterio nacional.
La imposición de un presidente que se dice legal pero completamente ilegítimo para millones de mexicanos, ha provocado que la paz que estamos viviendo se esté quebrando por los cuatro puntos cardinales de la Nación, mostrando que no tenemos un objetivo compartido, capaz de provocar más solidaridad, confianza, responsabilidad y capital social positivo.
Hemos sido testigos de cómo la política se convirtió en una guerra entre poderosos y como la política económica imperante obstruye el acceso a la gente común y corriente. Sin objetivos comunes las personas nos refugiamos en la lógica del egoísmo y en nuestra vida propia siendo inútil la promoción de valores cuando en la práctica casi nadie los sigue. Hay un desacuerdo sobre la identidad y el sentido de pertenencia que compartimos la mayoría de los mexicanos.
De los productos generados por el gobierno podemos destacar: que el crimen organizado está demostrando que se ha vuelto más poderoso que todas las policías juntas, que la economía informal sigue creciendo, la evasión fiscal es una práctica habitual, las cárceles están llenas de pobres y la mayor parte de los puestos públicos siguen siendo un botín de los poderosos. Lo más dañino, es la duda de que el acceso al poder político no puede lograrse por la vía electoral.
La reforma electoral recién aprobada por el Poder Legislativo, sin posibilidad legal de veto por el presidente, nos da una idea de la magnitud de la polarización política e ingobernabilidad nacional siendo considerada como la reforma mea culpa, porque reglamenta algunos de los puntos más controvertidos en las elecciones del pasado 2 de julio de 2006, entre ellos, impedir las campañas negras, la guerra sucia, como la que se puso en práctica en contra de AMLO.
LAS REFORMAS ELECTORALES
Primera Generación
Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos. La transformación de la oposición extraparlamentaria en una oposición institucional constituyó, a todas luces, uno de los logros más significativos del avance democrático que ha venido generándose con el paso de las reformas electorales de las pasadas tres décadas. La reforma electoral de 1977 allanó el camino al legalizar al Partido Comunista Mexicano, al abrir importantes espacios en radio y televisión a los partidos de oposición, y al ampliar la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Segunda generación
De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.
En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.
Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
En el mismo sentido, las reformas de 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 también se vieron reflejadas en el mejoramiento de un sistema democrático en el que la mayoría de los actores políticos ha optado por mantenerse dentro del marco institucional de mediación, negociación y representación.Tal trayectoria generó la impresión en no pocos estudiosos de que México no solamente se había sumergido de lleno en el "tránsito" hacia la democracia, sino que a partir del año 2000 el país había arribado con éxito a la categoría de las democracias "consolidadas". Lo que ahora se ve es una auténtica involución democrática.
Eraña académico constitucionalista de la UI escribe "De la alternancia fallida pasamos a la democracia cínica, los magistrados dejaron en un estado de profunda debilidad argumentativa el triunfo del presidente electo" y al proceso electoral con un latente cuestionamiento. Y lo más abusivo de todo, asegura, es que crearon un perfecto catálogo jurisprudencial para saber cómo eludir el control de la legalidad y constitucionalidad, manteniéndose siempre en el límite de las conductas. "Será muy útil para los mapaches electorales del futuro".Es incorrecto atribuir el desmoronamiento democrático al proceder "populista" o "demagógico" del candidato presidencial que el tribunal señaló como perdedor. Por el contrario, la principal fuente de la crisis política actual es la falta de certeza y transparencia en los resultados de la jornada electoral del 2 de julio. Esto es precisamente lo que ha llevado al país al actual clima de crispación política, y a varios millones de mexicanos al repudio de las instituciones realmente existentes.
Tercera Generación
Tal como lo especifica el Senado de la República "La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación. Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.
Primer Objetivo.
El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.
Una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos hará posible que no siga creciendo, como ha sido hasta ahora, con motivo del incremento en el número de partidos políticos nacionales. Para decirlo de manera clara y sencilla: con la nueva forma de cálculo propuesta por esta Iniciativa, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales supone que cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos.
Pero además, se proponen límites mucho menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos en una reducción de más del 85 por ciento en el monto absoluto que cada partido podría recibir anualmente por esos conceptos.
La Iniciativa avanza en la atención directa de un aspecto que preocupa a la sociedad y a todos los partidos políticos: el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.
En consonancia con la reducción al financiamiento de campañas, y para atender un justificado reclamo de la sociedad, se propone establecer que la campaña presidencial acorte su duración actual en casi la mitad, de 186 días a 90 días, plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.
Segundo Objetivo.
Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esa dirección, El Senado hace realidad una propuesta que hace años merece consenso pero que diversas circunstancias habían hecho imposible de concretar: la renovación escalonada de consejeros electorales y de magistrados electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado positivos resultados en otros órganos públicos colegiados, estamos seguros de que dará resultados igualmente positivos para las dos instituciones pilares de nuestro sistema electoral.
Tercer Objetivo.
De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.
En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.
También son importantes las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política."
La tercera generación de reformas electorales tiene como base tres grandes objetivos:
1. Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales.
2. Fortalecer las atribuciones de las autoridades lectorales federales.
3. Diseñar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos.
Las propuestas que derivan de estos grandes objetivos son:
· Reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales.
· Una nueva fórmula de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.
· Reducción del financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos.
· Reducción en tiempos de campaña y regulación de precampañas electorales.
· Perfeccionamiento de la facultades del TEPJF, con respecto a la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución.
· Renovación escalonada de consejeros electorales.
· Prohibición para actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y resultados.
· Prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.
En lenguaje común y corriente este último objetivo se traducirá en:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás. El derecho de réplica se agrega para complementar el conjunto de normas que regulan la garantía individual de libre expresión.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización (mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos) de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
Las reformas constitucionales en materia lectoral se aprobaron en el Senado de la República la noche del 12 de septiembre del 2007 con 110 senadores a favor, 11 en contra y cero abstenciones después de un grotesco, cínico y grosero ataque mediático nacional por la radio y la televisión. Votaron mayoritariamente al filo de las 10 de la noche y con un largo aplauso que coronó la noche, media hora antes del noticiero estelar. En la Cámara de Diputados la aprobación de las reformas concluyó con 362 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones sin modificación alguna de la minuta senatorial. Para su publicación y ejecución requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales y hasta hoy, 25 legislaturas han externado su intención de aprobarlas. El presidente no tiene derecho de veto.
Para rematar el 20 de septiembre del 2007, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para que no se suspendan derechos políticos hasta que se demuestre culpabilidad de la persona. Una persona sin sentencia no perderá a ser votado, como se intentó con AMLO.
LA REACCION DE LOS PODERES FACTICOS.
Todavía en las elecciones federales pasadas, 11 por ciento de los electores decidieron su voto con información de los periódicos y revistas, mientras el resto 89 por ciento lo hizo con los elementos que le aportaban la televisión y la radio.
En el estudio preparado por el Instituto Federal Electoral también se daba cuenta de que, por cada peso recibido del presupuesto federal para los comicios del 2 de julio de 2006, 80 centavos se destinaron a medios de comunicación en general, de los cuales 70 fueron directamente a la televisión. De ese tamaño fueron los negocios y los compromisos que se llevaron a cabo antes, durante y después de las campañas electorales.
Por lo que hace a la competencia electoral, los partidos políticos dejaron a un lado, como ha sido costumbre durante décadas, la formación de cuadros, la divulgación ideológica y de plataformas políticas, el desarrollo y pago de auténticas estructuras nacionales y. en suma, el establecimiento de procesos que apuntan hacia la profesionalización de la actividad política. En cambio, la improvisación, las ocurrencias, los compromisos circunstanciales se han abierto paso para que en las campañas electorales sean lo que dé sustancia a la búsqueda del sufragio. Los resultados han sido, además del envilecimiento de los contenidos en los mensajes de televisión y radio, un empobrecimiento de la política, cuyas consecuencias vulneran directamente las bases de la convivencia que debe propiciar la democracia.
Fue interesante ver y escuchar durante tres horas, el martes 11 de septiembre del 2007, las intervenciones que no llegaron al nivel de debate de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores, frente a unos doscientos asistentes invitados por el poder legislativo para analizar la reforma electoral y las relación con los medios de información.
De entrada se pudo observar lo variado de los disfraces: televisoras que reivindican la democracia, la transparencia, la libertad empresarial y el ejercicio del derecho a la información; directivos del duopolio disfrazados de senadores; políticos profesionales disfrazados de comunicadores; personeros de Marta Sahagún y Tv Azteca disfrazados de personal de asepsia; locutores y mercaderes del micrófono disfrazados de periodistas y comunicadores; Los Pinos con disfraz del empresario Pedrito Ferriz de Con, el sempiterno vocero presidencial oficioso; una chantajista profesional disfrazada de “periodista de espectáculos”; banqueros disfrazados de conductores de noticieros; barones de los medios electrónicos disfrazados de mexicanos de a pie, exigentes de sus derechos, pero negadores de sus responsabilidades; ambiciones políticas y económicas disfrazadas de reclamo democrático, de protesta, de indignación. En fin, ésos y otros disfraces se vieron en el Senado, cuando en realidad el nombre del juego es clarísimo: nos negamos a dejar de ser factor de primer nivel en la toma de decisiones del país, de intervenir en el juego electoral y de sacar siempre la ficha ganadora en el jugoso negocio de las concesiones y los dineros públicos. Nos negamos, en síntesis, a dejar de ser quienes siempre hemos sido.
Los monopolios televisivos y radiofónicos de México: Televisa, TV Azteca y Radiofórmula, cuyos dueños pertenecen a las familias más poderosas del país y del mundo, están indignados porque los legisladores (diputados y senadores) estaban a punto de aprobar una reforma electoral que propone eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos y ocupar solamente los minutos que los medios están obligados a otorgar al Estado como pago de derechos. Si se aprueba este punto, las funestas empresas de información dejarían de obtener los dos mil millones de pesos que los partidos políticos dilapidan en la TV y la radio en períodos electorales. Sumando a esa multimillonaria cantidad, en las elecciones presidenciales de 2006, aparecieron en la TV 281 mil espots que nunca fueron acreditados, ni tampoco se han investigado y menos sancionado a quien o quienes ilegalmente pagaron esa propaganda.
Los medios electrónicos informativos en México, desde la década de los cincuenta, han venido monopolizando las concesiones que los diferentes gobiernos del PRI y del PAN les han otorgado a cambio de ponerse al servicio del poder. Cuando han hablado y peleado por la “libertad de información” siempre lo han hecho por la libertad de información para ellos, para que puedan hacer y decir lo que les dé la gana. En México hay 107 millones de habitantes “sin voz”, que no tienen acceso a los medios controlados por unas cuantas familias (no más de cincuenta) que sin la menor objetividad y decencia deforman todos los hechos, los acomodan a los intereses empresariales y gubernamentales. Reclaman la libertad de comercio, la libertad para hacer negocios, la libertad para interpretar los hechos de acuerdo a sus intereses. Hablan de libertad, pero sólo de aquella que conviene a sus intereses económicos y políticos. Todos los días y a todas horas, sobre todo en tiempos de campañas políticas, se puede escuchar en los medios electrónicos informativos mexicanos una persistente campaña de información deformada y calumniosa contra los sectores más humildes y miserables de la población. La TV y la radio, en vez de ayudar en la orientación y educación de la población, hace énfasis en los vicios de las familias pobres y desempleadas para resaltar “su ignorancia e indolencia”, así como “la delincuencia” en que caen para luego exigir castigo. Por el contrario durante muchas horas se dedican a transmitir programas estadounidenses de familias ricas o acomodadas que presentan como modelos y comportamientos consumistas que deben imitarse. No solo deforman la información noticiosa acomodándola a sus intereses empresariales, también dedican mucho tiempo para ideologizar a los televidentes con valores de la modernidad capitalista.
La televisión mexicana se encarga de infantilizar al público televidente. Sabemos que el 89 por ciento de la población obtiene la información en general de la televisión. Sólo un 11 por ciento lee periódicos y revistas. La mayoría de los programas televisivos dirigidos al gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes y un tono particularmente infantil, como si el espectador fuera un niño de corta edad. Sin plantearle nada que lo cuestione o lo haga pensar. De esta manera, la población se acostumbra a reaccionar si ningún sentido crítico, como niños.
Este sistema de manipulación basado en la promoción del mercancías y de diversión produce individuos proclives a la servidumbre, piensan que son culpables de su desgracia a causa de su falta de inteligencia, capacidades o de sus esfuerzos. En vez de asociarse para luchar se autodevalúan y se culpabilizan, lo que genera un estado depresivo que los inmoviliza para la acción. Creen que no se puede hacer nada.
Los medios de comunicación masiva promueven el desprecio por la política y los políticos. La mayoría de la gente piensa que lo importante es conseguir un poco de dinero para llevar a casa y lo que hagan los políticos les importa un bledo, pues lo único que hacen es robar, para eso están ahí. Podría demostrarse que el 80 por ciento de la población ciudadana mexicana se encuentra en esa situación de desinterés, incluso de repudio de la política porque están convencidos de que no sirve de nada.
Hasta hoy las políticas de gobierno y de Estado han sido dominadas por los grandes políticos y empresarios que ejercen el control en nuestro país. Ellos han organizado las elecciones, subsidian las campañas, pagan a los medios informativos, han influido de manera determinante en la orientación del voto y han colocado a su gobierno. A la mayoría de la población engañada le tratan de hacer creer que decide cuando en realidad sólo legitima con su voto lo que empresarios y políticos organizan.
Puede existir buena política como es el caso de la Reforma Electoral, también se puede poner de pie lo que está de cabeza, de hecho es un instrumento poderoso que puede transformar la misma base social y económica que sólo se aprende con la participación en las luchas sociales, defendiendo los intereses de la mayoría y enfrentándose a los enemigos de siempre.
La aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral por el poder legislativo evidencia el desfondamiento de la presidencia y se derrota el miedo a uno de los poderes fácticos, detrás de toda una longeva actuación de heroicos ciudadanos cuya dignidad había sido pisoteada por la comercialización de las elecciones
La ocurrencia de la CIRT de enviar a sus estrellas de la comunicación a polemizar con los legisladores no pudo ser más desafortunada. La comparecencia, que se anunciaba con las trompetas de un golpe de Estado televisivo, tornó en el ridículo. Los comunicadores, fuera de su trono mediático, se convirtieron en vulnerables corderitos. Impotentes, incompetentes y vapuleados por los mismos a quienes desprecian.
Retomando a Muñoz Ledo, esta situación es también consecuencia de la ilegitimidad de la elección presidencial, como ambas cámaras lo reconocieron en la exposición de motivos de la Ley para la Reforma del Estado. Así, las modificaciones aprobadas en el Poder Legislativo prohibiendo las campañas negras, sacando el dinero de las elecciones, renovando el IFE y despidiendo a los consejeros electorales, implican la condena de los abusos cometidos durante los pasados comicios y un desagravio parcial a AMLO, a quien la Presidencia le fue arrebatada.
En Ciudad Victoria Tamaulipas a 23 de septiembre del 2007
rhisausi@yahoo.com
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posted by Dr. Rhi Sausi | 12:01 PM
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