La Reforma Constitucional en Materia Electoral

REFORMA ELECTORAL de Tercera Generación 2007

Por: Alberto Rhi-Sausi Galindo

INTRODUCION.

El fraude electoral ocurrido durante las elecciones presidenciales en julio del 2006, instigado por la derecha política de nuestro país, obedeció al temor que AMLO evidenciara y corrigiera la insultante corrupción del poder político y empresarial y la reversión del modelo económico implantado en México desde hace treinta años que ha causado que nuestro país sea considerado como uno de los más desiguales del planeta.

Para lograrlo invirtieron hasta hoy; incuantificables cantidades de dinero público y privado para comprar medios de comunicación, agencias encuestadoras, cooptar a las instituciones electorales como el IFE, TEPJF, Fepade, SCJN, Gobernadores y muchas conciencias ciudadanas que intercambiaron prebendas y protección laboral como fue el caso del magisterio nacional.

La imposición de un presidente que se dice legal pero completamente ilegítimo para millones de mexicanos, ha provocado que la paz que estamos viviendo se esté quebrando por los cuatro puntos cardinales de la Nación, mostrando que no tenemos un objetivo compartido, capaz de provocar más solidaridad, confianza, responsabilidad y capital social positivo.

Hemos sido testigos de cómo la política se convirtió en una guerra entre poderosos y como la política económica imperante obstruye el acceso a la gente común y corriente. Sin objetivos comunes las personas nos refugiamos en la lógica del egoísmo y en nuestra vida propia siendo inútil la promoción de valores cuando en la práctica casi nadie los sigue. Hay un desacuerdo sobre la identidad y el sentido de pertenencia que compartimos la mayoría de los mexicanos.

De los productos generados por el gobierno podemos destacar: que el crimen organizado está demostrando que se ha vuelto más poderoso que todas las policías juntas, que la economía informal sigue creciendo, la evasión fiscal es una práctica habitual, las cárceles están llenas de pobres y la mayor parte de los puestos públicos siguen siendo un botín de los poderosos. Lo más dañino, es la duda de que el acceso al poder político no puede lograrse por la vía electoral.
La reforma electoral recién aprobada por el Poder Legislativo, sin posibilidad legal de veto por el presidente, nos da una idea de la magnitud de la polarización política e ingobernabilidad nacional siendo considerada como la reforma mea culpa, porque reglamenta algunos de los puntos más controvertidos en las elecciones del pasado 2 de julio de 2006, entre ellos, impedir las campañas negras, la guerra sucia, como la que se puso en práctica en contra de AMLO.
LAS REFORMAS ELECTORALES
Primera Generación
Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos. La transformación de la oposición extraparlamentaria en una oposición institucional constituyó, a todas luces, uno de los logros más significativos del avance democrático que ha venido generándose con el paso de las reformas electorales de las pasadas tres décadas. La reforma electoral de 1977 allanó el camino al legalizar al Partido Comunista Mexicano, al abrir importantes espacios en radio y televisión a los partidos de oposición, y al ampliar la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Segunda generación
De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.
En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.
Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
En el mismo sentido, las reformas de 1986, 1990, 1993, 1994 y 1996 también se vieron reflejadas en el mejoramiento de un sistema democrático en el que la mayoría de los actores políticos ha optado por mantenerse dentro del marco institucional de mediación, negociación y representación.Tal trayectoria generó la impresión en no pocos estudiosos de que México no solamente se había sumergido de lleno en el "tránsito" hacia la democracia, sino que a partir del año 2000 el país había arribado con éxito a la categoría de las democracias "consolidadas". Lo que ahora se ve es una auténtica involución democrática.
Eraña académico constitucionalista de la UI escribe "De la alternancia fallida pasamos a la democracia cínica, los magistrados dejaron en un estado de profunda debilidad argumentativa el triunfo del presidente electo" y al proceso electoral con un latente cuestionamiento. Y lo más abusivo de todo, asegura, es que crearon un perfecto catálogo jurisprudencial para saber cómo eludir el control de la legalidad y constitucionalidad, manteniéndose siempre en el límite de las conductas. "Será muy útil para los mapaches electorales del futuro".Es incorrecto atribuir el desmoronamiento democrático al proceder "populista" o "demagógico" del candidato presidencial que el tribunal señaló como perdedor. Por el contrario, la principal fuente de la crisis política actual es la falta de certeza y transparencia en los resultados de la jornada electoral del 2 de julio. Esto es precisamente lo que ha llevado al país al actual clima de crispación política, y a varios millones de mexicanos al repudio de las instituciones realmente existentes.

Tercera Generación
Tal como lo especifica el Senado de la República "La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: el dinero; y el uso y abuso de los medios de comunicación. Para enfrentar esos retos es necesario fortalecer las instituciones electorales, propósito que inicia por impulsar todo lo que esté al alcance del H. Congreso de la Unión para recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos en ellas.
Primer Objetivo.
El primer objetivo es disminuir en forma significativa el gasto en campañas electorales, lo que se propone alcanzar mediante la reducción del financiamiento público, destinado a tal propósito: en un setenta por ciento en las elecciones en que solamente se renueva la Cámara de Diputados, y del cincuenta por ciento en las elecciones en que se renuevan el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión.
Una nueva forma de cálculo del financiamiento público anual para actividades ordinarias de los partidos políticos hará posible que no siga creciendo, como ha sido hasta ahora, con motivo del incremento en el número de partidos políticos nacionales. Para decirlo de manera clara y sencilla: con la nueva forma de cálculo propuesta por esta Iniciativa, el financiamiento público a los partidos políticos nacionales supone que cada ciudadano inscrito en el padrón aportaría, anualmente, 35 pesos con 40 centavos.
Pero además, se proponen límites mucho menores a los hoy vigentes para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos en una reducción de más del 85 por ciento en el monto absoluto que cada partido podría recibir anualmente por esos conceptos.
La Iniciativa avanza en la atención directa de un aspecto que preocupa a la sociedad y a todos los partidos políticos: el riesgo de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.
En consonancia con la reducción al financiamiento de campañas, y para atender un justificado reclamo de la sociedad, se propone establecer que la campaña presidencial acorte su duración actual en casi la mitad, de 186 días a 90 días, plazo máximo que también se establece para las de senadores y diputados en ese mismo año; para las elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, las campañas tendrán una duración de 45 días.

Segundo Objetivo.
Un segundo objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de Tribunal Constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esa dirección, El Senado hace realidad una propuesta que hace años merece consenso pero que diversas circunstancias habían hecho imposible de concretar: la renovación escalonada de consejeros electorales y de magistrados electorales. Combinar renovación y experiencia ha dado positivos resultados en otros órganos públicos colegiados, estamos seguros de que dará resultados igualmente positivos para las dos instituciones pilares de nuestro sistema electoral.
Tercer Objetivo.
De importancia destacada es el tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.
En México es urgente armonizar, con un nuevo esquema, las relaciones entre política y medios de comunicación; para lograrlo, es necesario que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral.
También son importantes las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política."
La tercera generación de reformas electorales tiene como base tres grandes objetivos:
1. Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales.
2. Fortalecer las atribuciones de las autoridades lectorales federales.
3. Diseñar un nuevo modelo de comunicación entre sociedad y partidos.
Las propuestas que derivan de estos grandes objetivos son:
· Reducción del financiamiento público, destinado al gasto en campañas electorales.
· Una nueva fórmula de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.
· Reducción del financiamiento privado que pueden obtener los partidos políticos.
· Reducción en tiempos de campaña y regulación de precampañas electorales.
· Perfeccionamiento de la facultades del TEPJF, con respecto a la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución.
· Renovación escalonada de consejeros electorales.
· Prohibición para actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y resultados.
· Prohibición para los partidos políticos de contratar propaganda en radio y televisión.

En lenguaje común y corriente este último objetivo se traducirá en:
1. Prohibir la contratación de publicidad en radio y televisión (lo que representó 80% del gasto en las elecciones de 2006), por parte de los partidos políticos así como de cualquier particular. Con lo cual no sólo se abaratan consistentemente las elecciones, sino que se eleva a rango constitucional la prohibición para que terceros adquieran publicidad incidiendo abiertamente en la equidad que debe prevalecer en las contiendas.
2. Prohibir de manera absoluta la propaganda gubernamental de cualquier nivel de gobierno durante las campañas electorales. Con lo que se impide cualquier intervención indebida de los gobernantes en las elecciones, que deben ser una contienda entre partidos y no entre éstos y los poderes públicos.
3. La utilización de los tiempos que corresponden al Estado —que hoy ya existen, por lo que no se le “expropiaría” nada a nadie- para que durante las precampañas y las campañas sean distribuidos entre los partidos políticos y el IFE. Es decir, no se está planteando sacar a los partidos de la radio y la televisión, sino hacer más racional, equitativa y menos cara su presencia en esos medios.
4. La prohibición, ahora planteada en la Constitución, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se ponen las bases para que las campañas centradas en la banalización y la ofensa, de las que algunos tanto se enorgullecen, queden atrás. El derecho de réplica se agrega para complementar el conjunto de normas que regulan la garantía individual de libre expresión.
5. Además se convierte a las autoridades electorales, en su calidad de árbitros de las diversas contiendas electorales, en los garantes de las reglas anteriores, facultándolas para sancionar, mediante procedimientos expeditos, las violaciones que se cometan; incluyendo la posibilidad de suspender, de manera inmediata, las transmisiones radiofónicas o televisivas que transgredan esas prohibiciones.
6. Por último, y esta propuesta de modificación trasciende el ámbito electoral, se plantea que se prohíba la personalización (mediante la utilización de la imagen o la voz de los titulares de los entes públicos) de la publicidad que difundan los órganos del Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social.
Las reformas constitucionales en materia lectoral se aprobaron en el Senado de la República la noche del 12 de septiembre del 2007 con 110 senadores a favor, 11 en contra y cero abstenciones después de un grotesco, cínico y grosero ataque mediático nacional por la radio y la televisión. Votaron mayoritariamente al filo de las 10 de la noche y con un largo aplauso que coronó la noche, media hora antes del noticiero estelar. En la Cámara de Diputados la aprobación de las reformas concluyó con 362 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones sin modificación alguna de la minuta senatorial. Para su publicación y ejecución requiere la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales y hasta hoy, 25 legislaturas han externado su intención de aprobarlas. El presidente no tiene derecho de veto.
Para rematar el 20 de septiembre del 2007, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para que no se suspendan derechos políticos hasta que se demuestre culpabilidad de la persona. Una persona sin sentencia no perderá a ser votado, como se intentó con AMLO.
LA REACCION DE LOS PODERES FACTICOS.
Todavía en las elecciones federales pasadas, 11 por ciento de los electores decidieron su voto con información de los periódicos y revistas, mientras el resto 89 por ciento lo hizo con los elementos que le aportaban la televisión y la radio.
En el estudio preparado por el Instituto Federal Electoral también se daba cuenta de que, por cada peso recibido del presupuesto federal para los comicios del 2 de julio de 2006, 80 centavos se destinaron a medios de comunicación en general, de los cuales 70 fueron directamente a la televisión. De ese tamaño fueron los negocios y los compromisos que se llevaron a cabo antes, durante y después de las campañas electorales.
Por lo que hace a la competencia electoral, los partidos políticos dejaron a un lado, como ha sido costumbre durante décadas, la formación de cuadros, la divulgación ideológica y de plataformas políticas, el desarrollo y pago de auténticas estructuras nacionales y. en suma, el establecimiento de procesos que apuntan hacia la profesionalización de la actividad política. En cambio, la improvisación, las ocurrencias, los compromisos circunstanciales se han abierto paso para que en las campañas electorales sean lo que dé sustancia a la búsqueda del sufragio. Los resultados han sido, además del envilecimiento de los contenidos en los mensajes de televisión y radio, un empobrecimiento de la política, cuyas consecuencias vulneran directamente las bases de la convivencia que debe propiciar la democracia.
Fue interesante ver y escuchar durante tres horas, el martes 11 de septiembre del 2007, las intervenciones que no llegaron al nivel de debate de unos 15 empresarios o representantes de los monopolios televisivos y radiofónicos y las participaciones de igual número de legisladores, frente a unos doscientos asistentes invitados por el poder legislativo para analizar la reforma electoral y las relación con los medios de información.
De entrada se pudo observar lo variado de los disfraces: televisoras que reivindican la democracia, la transparencia, la libertad empresarial y el ejercicio del derecho a la información; directivos del duopolio disfrazados de senadores; políticos profesionales disfrazados de comunicadores; personeros de Marta Sahagún y Tv Azteca disfrazados de personal de asepsia; locutores y mercaderes del micrófono disfrazados de periodistas y comunicadores; Los Pinos con disfraz del empresario Pedrito Ferriz de Con, el sempiterno vocero presidencial oficioso; una chantajista profesional disfrazada de “periodista de espectáculos”; banqueros disfrazados de conductores de noticieros; barones de los medios electrónicos disfrazados de mexicanos de a pie, exigentes de sus derechos, pero negadores de sus responsabilidades; ambiciones políticas y económicas disfrazadas de reclamo democrático, de protesta, de indignación. En fin, ésos y otros disfraces se vieron en el Senado, cuando en realidad el nombre del juego es clarísimo: nos negamos a dejar de ser factor de primer nivel en la toma de decisiones del país, de intervenir en el juego electoral y de sacar siempre la ficha ganadora en el jugoso negocio de las concesiones y los dineros públicos. Nos negamos, en síntesis, a dejar de ser quienes siempre hemos sido.
Los monopolios televisivos y radiofónicos de México: Televisa, TV Azteca y Radiofórmula, cuyos dueños pertenecen a las familias más poderosas del país y del mundo, están indignados porque los legisladores (diputados y senadores) estaban a punto de aprobar una reforma electoral que propone eliminar la propaganda política pagada en los medios electrónicos y ocupar solamente los minutos que los medios están obligados a otorgar al Estado como pago de derechos. Si se aprueba este punto, las funestas empresas de información dejarían de obtener los dos mil millones de pesos que los partidos políticos dilapidan en la TV y la radio en períodos electorales. Sumando a esa multimillonaria cantidad, en las elecciones presidenciales de 2006, aparecieron en la TV 281 mil espots que nunca fueron acreditados, ni tampoco se han investigado y menos sancionado a quien o quienes ilegalmente pagaron esa propaganda.
Los medios electrónicos informativos en México, desde la década de los cincuenta, han venido monopolizando las concesiones que los diferentes gobiernos del PRI y del PAN les han otorgado a cambio de ponerse al servicio del poder. Cuando han hablado y peleado por la “libertad de información” siempre lo han hecho por la libertad de información para ellos, para que puedan hacer y decir lo que les dé la gana. En México hay 107 millones de habitantes “sin voz”, que no tienen acceso a los medios controlados por unas cuantas familias (no más de cincuenta) que sin la menor objetividad y decencia deforman todos los hechos, los acomodan a los intereses empresariales y gubernamentales. Reclaman la libertad de comercio, la libertad para hacer negocios, la libertad para interpretar los hechos de acuerdo a sus intereses. Hablan de libertad, pero sólo de aquella que conviene a sus intereses económicos y políticos. Todos los días y a todas horas, sobre todo en tiempos de campañas políticas, se puede escuchar en los medios electrónicos informativos mexicanos una persistente campaña de información deformada y calumniosa contra los sectores más humildes y miserables de la población. La TV y la radio, en vez de ayudar en la orientación y educación de la población, hace énfasis en los vicios de las familias pobres y desempleadas para resaltar “su ignorancia e indolencia”, así como “la delincuencia” en que caen para luego exigir castigo. Por el contrario durante muchas horas se dedican a transmitir programas estadounidenses de familias ricas o acomodadas que presentan como modelos y comportamientos consumistas que deben imitarse. No solo deforman la información noticiosa acomodándola a sus intereses empresariales, también dedican mucho tiempo para ideologizar a los televidentes con valores de la modernidad capitalista.
La televisión mexicana se encarga de infantilizar al público televidente. Sabemos que el 89 por ciento de la población obtiene la información en general de la televisión. Sólo un 11 por ciento lee periódicos y revistas. La mayoría de los programas televisivos dirigidos al gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes y un tono particularmente infantil, como si el espectador fuera un niño de corta edad. Sin plantearle nada que lo cuestione o lo haga pensar. De esta manera, la población se acostumbra a reaccionar si ningún sentido crítico, como niños.
Este sistema de manipulación basado en la promoción del mercancías y de diversión produce individuos proclives a la servidumbre, piensan que son culpables de su desgracia a causa de su falta de inteligencia, capacidades o de sus esfuerzos. En vez de asociarse para luchar se autodevalúan y se culpabilizan, lo que genera un estado depresivo que los inmoviliza para la acción. Creen que no se puede hacer nada.

Los medios de comunicación masiva promueven el desprecio por la política y los políticos. La mayoría de la gente piensa que lo importante es conseguir un poco de dinero para llevar a casa y lo que hagan los políticos les importa un bledo, pues lo único que hacen es robar, para eso están ahí. Podría demostrarse que el 80 por ciento de la población ciudadana mexicana se encuentra en esa situación de desinterés, incluso de repudio de la política porque están convencidos de que no sirve de nada.
Hasta hoy las políticas de gobierno y de Estado han sido dominadas por los grandes políticos y empresarios que ejercen el control en nuestro país. Ellos han organizado las elecciones, subsidian las campañas, pagan a los medios informativos, han influido de manera determinante en la orientación del voto y han colocado a su gobierno. A la mayoría de la población engañada le tratan de hacer creer que decide cuando en realidad sólo legitima con su voto lo que empresarios y políticos organizan.
Puede existir buena política como es el caso de la Reforma Electoral, también se puede poner de pie lo que está de cabeza, de hecho es un instrumento poderoso que puede transformar la misma base social y económica que sólo se aprende con la participación en las luchas sociales, defendiendo los intereses de la mayoría y enfrentándose a los enemigos de siempre.
La aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral por el poder legislativo evidencia el desfondamiento de la presidencia y se derrota el miedo a uno de los poderes fácticos, detrás de toda una longeva actuación de heroicos ciudadanos cuya dignidad había sido pisoteada por la comercialización de las elecciones
La ocurrencia de la CIRT de enviar a sus estrellas de la comunicación a polemizar con los legisladores no pudo ser más desafortunada. La comparecencia, que se anunciaba con las trompetas de un golpe de Estado televisivo, tornó en el ridículo. Los comunicadores, fuera de su trono mediático, se convirtieron en vulnerables corderitos. Impotentes, incompetentes y vapuleados por los mismos a quienes desprecian.
Retomando a Muñoz Ledo, esta situación es también consecuencia de la ilegitimidad de la elección presidencial, como ambas cámaras lo reconocieron en la exposición de motivos de la Ley para la Reforma del Estado. Así, las modificaciones aprobadas en el Poder Legislativo prohibiendo las campañas negras, sacando el dinero de las elecciones, renovando el IFE y despidiendo a los consejeros electorales, implican la condena de los abusos cometidos durante los pasados comicios y un desagravio parcial a AMLO, a quien la Presidencia le fue arrebatada.

En Ciudad Victoria Tamaulipas a 23 de septiembre del 2007
rhisausi@yahoo.com
drhisausiblogspot.com

Caudillos Cívicos de Tamaulipas

Los caudillos cívicos, pasado y presente…


José Ángel Solorio Martínez


1.0

Los caudillos cívicos tamaulipecos[1] tras largos años de batallas en las calles y en los tribunales –entonces en manos del gobierno- pusieron en marcha a partir de 1972 la alternancia política en la entidad. Este relevante cambio en las mecánicas de gobierno se ha circunscrito al nivel municipal. Los esfuerzos de esos actores sociopolíticos han sido infructuosos cuando han intentado desplazar al PRI del gobierno estatal.
¿Quiénes son y porqué emergieron los caudillos cívicos tamaulipecos?
¿Por qué sólo han disputado con éxito el poder municipal?
¿Se puede explicar, la incapacidad de esos liderazgos políticos para obtener espacios de poder más allá de las regiones de donde son oriundos?

1.1


La era de los caudillos cívicos la inauguró el tampiqueño Fernando Sampedro. Enfadado porque el gobernador de Tamaulipas, Manuel A. Ravizé no lo hizo candidato a la alcaldía del Puerto optó por rebelarse. Negoció con el Partido Popular Socialista (PPS) y bajo el color de los solferinos contendió para la presidencia municipal.[2] La coyuntura nacional y estatal le favorecieron: Ravizé no era bien visto por algunos factores como el Presidente Luís Echeverría y el líder obrero Joaquín Hernández Galicia y los ricos del puerto habían fracturado sus preferencias entre el PRI y el PPS. El Pichi –así se le conocía- ganó de calle y ganó el título de primer alcalde venido de un partido de oposición. La cerrazón del PRI, la inconformidad de los factores locales y la incidencia no menor de algunas corrientes nacionales habían iniciado el éxodo de algunos de sus militantes para dar paso a la emergencia de los caudillos cívicos.
Los caudillos cívicos son entidades políticas sui generis. Para cualquier estudioso de la sociología política sería complicado encontrar un marco de referencia para abordarlos como objeto de estudio. Ni la teoría de las elites, ni la de grupos de poder y de presión que manejan los sociólogos estadunidenses, ni la teoría de los grupos de interés y de presión que utilizan los franceses[3], parecen ser útiles para desentrañar la naturaleza de estos liderazgos microrregionales. Acaso la herramienta más funcional para aclarar el fenómeno sea la conceptualización de liderazgo y del carisma que ha expuesto Max Weber.[4] El sociólogo alemán considera el carisma como una forma de dominación y la describe como una gracia que poseen hombres excepcionales o especiales.
Estos personajes tamaulipecos son todos ellos, líderes con un carisma arrasador. Han disputado el poder con ese instrumento de arrastre social desde diferentes partidos políticos; es decir, su presencia e influencia sociales va más allá de la estructura formal y real de los partidos políticos. Esta circunstancia los ha convertido en liderazgos verticales, la mayoría de los casos, unipersonales. Por lo general carecen de pruritos ideológicos; son pragmáticos: lo mismo se acercan a la sombra del PAN, del PRD, del PT, o de cualquier organización política. Les importa el fin, no los medios.[5]
Otra peculiaridad –con cierta reserva podríamos decir, tendencia– de los caudillos cívicos en Tamaulipas es que crean estructuras políticas nucleares, cerradas. En otras palabras: sus operadores más cercanos –hablamos de la política que se ejerce desde la autoridad no en las campañas políticas– son sus familiares. Esta actitud de desencuentro entre los caudillos cívicos y los partidos es recurrente.
En la administración pública estos actores políticos no han actuado diferente de los alcaldes que han salido del PRI, partido al que en las campañas políticas han jurado combatir. En algunos casos han superado los vicios de los representantes del PRI. Porque si algo ha significado a las administraciones municipales de origen opositor ha sido el manejo patrimonialista del erario de los ayuntamientos.


1.2


Las enseñanzas de Sampedro, pronto llegaron al otro extremo del estado. En Nuevo Laredo, el abogado Carlos Enrique Cantú Rosas rompió con el PRI, su partido de origen, y se puso al frente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).[6] En las elecciones federales de 1972 ganó la diputación federal con las siglas de ese partido. Luego en 1974, pidiendo licencia al cargo de legislador decidió competir por la alcaldía. Contra un candidato del PRI debilitado –Francisco Javier Cortés Delgado- por que la CTM le había regateado su apoyo Cantú Rosas no tuvo problema para llegar a la Presidencia municipal.[7] Y menos, cuando dos de las empresas de comunicación más importantes –la de Ruperto Villarreal y la de la editora Ninfa Deándar- le proporcionaron su mayor soporte.
El 1975 Cantú Rosas tomó protesta como alcalde de Nuevo Laredo, bajo grandes expectativas. La gente pensaba que había llegado el cambio; que los viejos vicios del PRI habían sido superados. Pero no. El alcalde parmista gobernó como los peores priístas: entregó el Ayuntamiento a sus aliados y se sentó a administrar la ciudad sin la menor preocupación de los problemas de la sociedad nuevolaredense.
A diferencia de Sampedro que nunca renunció al PRI, Cantú Rosas se lanzó a los brazos del PARM para nunca regresar al partido que le había cerrado las oportunidades de hacer carrera política. Fue incapaz de crear alianzas con dirigentes políticos de otras microrregiones. Su dominio y su accionar, con todo y que operó como dirigente nacional de su partido, se circunscribió a Nuevo Laredo en donde su carisma se fue evaporando como toda energía social que se encapsula en su terruño.

1.3


Jorge Cárdenas González ha sido uno de los caudillos cívicos más sólidos de Tamaulipas. Con el impulso de su carisma, el apoyo de su hermano el gobernador Enrique Cárdenas González y de las contradicciones del PRI logró ser dos veces alcalde de Matamoros y una ocasión diputado federal bajo las siglas de complejas coaliciones y del PARM. Potenció su poder con sus cualidades de caudillo, incorporando a su proyecto político su poderosa radiodifusora[8], las de su hermano en Ciudad Victoria y la vigorosa presencia del Ejecutivo Estatal.
Nunca negó su desprecio por los partidos políticos a cuyos dirigentes siempre trató como sus empleados. Cuando los representantes de las siglas opositoras que le sirvieron para participar en las contiendas electorales osaban reclamarle respeto o posiciones para sus representados, cambiaba de aliados y de partidos.
En su primera incursión en la política se alió incluso con el Partido Comunista Mexicano[9], organización a la cual desechó de inmediato para proseguir su carrera política con diferentes coaligados. Igual ocurrió con el Partido Socialista de los Trabajadores en posterior contienda.
La emergencia tan impresionantemente estruendosa de los caudillos cívicos, sólo puede explicarse por las debilidades estructurales de las instituciones políticas –entre ellas el escenario de antidemocracia e imposición tan común en nuestro sistema político–, que como explica Weber son caldo de cultivo para los liderazgos carismáticos. Con partidos políticos opositores que operaron como sectas mendicantes, con escasa influencia social, sin estructuras dirigentes de prestigio y con estrecha experiencia en la puja electoral el caudillo cívico se presenta como una necesidad para las masas que esperan al personaje ataviado con poderes mágicos o especiales para resolver sus problemas más apremiantes.
En ese paisaje tan amigable nació y se reprodujo el caudillo Jorge Cárdenas González. Fue partícipe, organizador y convocante de las movilizaciones de masas más importantes en la frontera tamaulipeca. Su carisma, sus medios electrónicos e impresos –hizo circular un periódico el cual denominó El Cambio que fue su lema de campaña–[10], y el gobernador del estado esculpieron a uno de los más importantes caudillos cívicos tamaulipecos. Aún hoy no existe ni partido ni institución que pueda convocar a los casi 15 mil extasiados matamorenses que Jorge Cárdenas reunía a su conjuro a finales de los años setenta en su natal Matamoros.
En el ejercicio del poder municipal actuó como todo un caudillo. Se alejó de los partidos políticos que lo llevaron al poder y negoció con los gobernadores priistas que le tocó tratar como alcalde. Sus hijos y su yerno fueron los proveedores más beneficiados del Ayuntamiento.[11] Gobernó como cualquier alcalde emanado del PRI al que tanto criticó en sus discursos.
En su municipio era imbatible electoralmente. Pero cuando quiso ser gobernador del estado, enfrentó sus propias limitaciones. La estructura institucional evidenció las debilidades de su especial –como dijera Weber– liderazgo. Sus campañas por el gobierno de Tamaulipas apenas tuvieron eco en su parcela de poder –Matamoros, Tamaulipas-. Nunca comprendió que la entidad tiene otras dinámicas en la disputa por el poder; nunca entendió, que los caudillos cívicos tamaulipecos tienen enormes barreras sociológicas, que los han arrinconado en sus propios feudos.

1.4

El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma en 1992 erosionó el carisma de Jorge Cárdenas y lo puso en su real dimensión. Cavazos Lerma llegó a la entidad con todo el, soporte del neoliberalismo y su principal promotor, Carlos Salinas. Cárdenas no dimensionó la fuerza a la cual enfrentaba. Pensó que la contienda sería igual que las luchas electorales en su terruño. Tamaulipas no era Matamoros; ni las debilidades estructurales de la localidad se habían reproducido en el estado. (Al menos hasta ese momento).
El salinismo no era una fuerza gelatinosa; venía de una larga marcha de la cual su éxito dependía del arrasamiento de las viejas estructuras políticas en la región. Y parte de esas añejas redes de autoridad eran las que representaban múltiples factores de poder fronterizos. Entre ellos, los dirigentes sindicales de la institucional CTM.
En cierta forma, el caudillo Cárdenas González también representaba un obstáculo para el proyecto modernizador. Ni el Presidente Salinas ni las fuerzas productivas permitirían el arribo a la gubernatura de Tamaulipas a un personaje con las características y peculiaridades del popular caudillo. La idea y el horno neoliberal no estaban para bollos.
En la contienda contra el candidato Cavazos, Cárdenas González se vio empequeñecido, achicado. Su propuesta política, fuera de su feudo, parecía desconectada de la realidad política y social de Tamaulipas. El arrastre ciudadano mostrado en su natal Matamoros se evaporó cuando intentó ensancharlo hacia otras latitudes.
Sus mensajes sonaron ajenos para el resto de la entidad. Con unos grandes bigotes como su más acabada propaganda electoral, -cuando Cavazos ofertaba una retórica verosímil y bastante articulada-[12], sin el soporte de sus medios electrónicos más allá de su ciudad sede y con un tímido soporte del grupo político jefaturado por su hermano el ex gobernador del estado Enrique Cárdenas, apenas logró inquietar al candidato del PRI y de la creciente ola neoliberal.
El 5 de febrero de 1993, Cavazos Lerma tomó protesta como gobernador. Enterró así los sueños del primer caudillo cívico tamaulipeco de llegar a la gubernatura del estado.

1.5

Manuel Cavazos Lerma no tuvo problemas para liquidar al primer caudillo cívico que enfrentó a las instituciones en la disputa por la administración estatal. Con un Presidente sólido, que había superado su grande déficit de ilegitimidad, un PRI tamaulipeco que no presentaba fisuras visibles, y Comités de Solidaridad supliendo las debilidades de los dirigentes obreros en retirada, se movía en un escenario amigable para su proyecto y para su partido.
Pero a nivel municipal la situación no era la misma. En los municipios diversas fuerzas competían por ocupar los amplios espacios dejados por los dirigentes obreros desplazados. Es decir, factores de diversa índole veían jubilosos las posibilidades que los paisajes sociopolíticos ofrecían para quienes osaran disputar los grandes huecos de autoridad dejados por el corporativismo en desbandada. Los representantes de las burocracias obreras andaban a salta de mata, huyendo o de la Secretaría de Hacienda que los quería como contribuyentes cautivos o escondiéndose de la PGR que aspiraba a llevarlos a prisión por diversos motivos.
Esos factores de poder emergentes se lanzaron al ruedo viendo la fragilidad estructural de la red política en los municipios. Si a nivel estatal el PRI aún operaba con eficiencia y era capaz de procesar las contradicciones internas sin mayores problemas, en el plano municipal el desequilibrio estructural era evidente ante las deficiencias de los PRI locales y los gigantescos hoyos dejados por la burocracia sindical en repliegue.
De nueva cuenta la fragilidad estructural aparecía en los años 90, así como había aflorado en los años 70. De esa forma y bajo esos impulsos nacieron los liderazgos de los caudillos cívicos prohijados por los desequilibrios del neoliberalismo.
Emergió con fuerza inusitada Juan Antonio Guajardo Anzaldúa en Río Bravo y en Ciudad Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Con diferentes razones y motivaciones ambos se lanzaron a la lucha electoral con su mayor virtud: su arrebatador carisma. Los dos, alimentaron su carisma con diversas fuentes de poder. Guajardo Anzaldúa se arropó en los grupos salinistas y Gustavo en el poder de su influyente familia y la opinión pública que generan sus importantes medios impresos y electrónicos.
Guajardo arrasó en Río Bravo y tomó protesta como alcalde en 1993 dejando en el camino al priista Marco Antonio Buentello. Construyó un bloque cívico tan amplio que no dejó espacio para la maniobra al PRI. Como en los años 80 lo hiciera Jorge Cárdenas en Matamoros, el riobravense sumó a militantes de izquierda, de derecha y de todo el espectro político a su proyecto.
Gobernó con métodos unipersonales y manejó en forma patrimonialista el erario. Sin embargo impulsó un proyecto de obra pública tan destacado que le valió incrementar su dominio político entre la ciudadanía.
En el trayecto de su administración perdió varios aliados. Entre ellos algunos partidos que le apoyaron; uno de ellos fue el PAN. Los efectos de su visión unipersonal de conducir la energía social y de ejercer el poder cobraban sus primeras fracturas. Pero a él lo que menos le importaba eran los partidos.
Logró tanta presencia política en el municipio que impuso como candidato a la alcaldía a su cuñado Bernardo Gómez Villagómez. En enero de 1996 el hermano político del caudillo se convirtió en alcalde de Río Bravo, derrotando a Edgardo Melhem Salinas.
La administración de Bernardo la condujo el caudillo. Y como era de esperarse, la uso para acrecentar su fortuna y la de sus familiares. En esta ocasión dejó en el camino a otro grupo de aliados que esperaban todo menos que Guajardo pusiera a un candidato de su familia. El bloque cívico con el que inició su aventura política en 1992 empezaba a desintegrarse. Parte del PRD había aceptado la candidatura del cuñado del caudillo a regañadientes.
En 1998 otra vez el caudillo quiso perpetuarse en el poder municipal. Y lanzó como candidato a la presidencia a su hermano Juan Diego Guajardo. Esta vez fue el Partido del Trabajo quien lo cobijó porque el PRD había decidido tomar su propio camino y alejarse de Guajardo y de sus intereses familiares.
El joven Guajardo no pudo llegar a la alcaldía. El caudillo estaba cansado y los factores sociales respondieron a otros intereses. De esa manera el PRI recuperó la alcaldía y asumió como presidente Juan de Dios Cavazos.
Extasiado por su capacidad de convocatoria social, Guajardo decidió incursionar fuera de su territorio. Aspiró a ser senador de la República. Casi lo logra. Pero no pudo cristalizar su anhelo. Fue su primera experiencia fuera de su patria chica. Y al igual que Jorge Cárdenas en su tiempo, sintió la inmensidad del teatro de la guerra política fuera de sus dominios.
La naturaleza de su liderazgo, que en el escenario municipal es una fortaleza, en el paisaje estatal es una fragilidad de turrón.
Esa parece ser la trágica paradoja de nuestros caudillos cívicos: fuertes en su terruño y débiles en parcela ajena.
1.6


Gustavo Cárdenas construyó su liderazgo en Ciudad Victoria en 1992. Priista de toda la vida, decidió cobijarse en el PAN para llegar a la alcaldía de la capital del estado. En estricto apego al guión seguido por su padre para llegar a la alcaldía de Matamoros en los 80, Gustavo implementó una política de amplias alianzas. Con los medios impresos y la radio de su tío el ex gobernador Enrique Cárdenas González acrecentó su carisma y generó un destacado movimiento ciudadano que le permitió aplastar al PRI y a su candidato Carlos Castro Medina.
Gobernó como todos los caudillos: unipersonalmente y con una visión patrimonialista del dinero de la sociedad. Su familia fue la beneficiaria principal de su administración.
Su influencia en la sociedad capitalina nunca ha sido puesta en duda. Toda esa impresionante capacidad de convocatoria le hizo ver más allá de sus dominios. En 1998 decidió contender por la gubernatura de Tamaulipas. Se enfrentó a Tomás Yarrington Ruvalcaba.
Al igual que su padre, seis años antes, fue hecho polvo por el candidato Yarrington.
Si su padre había enfrentado a nivel estatal una estructura institucional funcional y eficaz, Gustavo encaró una maquinaria electoral contundente y un PRI estatal con fisuras menores. Todo lo contrario a lo que había experimentado a nivel municipal en donde la crisis estructural estaba a flor de piel por la imposición del candidato priista Castro Medina y la inconformidad de algunos grupos antineoliberales
El carisma mostrado en la capital del estado, fue insuficiente para enfrentar a una maquinaria institucional impecablemente funcional. Durante su campaña se vio menor ante el discurso de su oponente priísta que en las urnas lo hizo trizas.
Cárdenas no se percató que el escenario estatal es complejamente superior al de la ciudad que le tocó gobernar. Quiso dialogar para hacer un frente de caudillos y competir contra la maquinaria institucional. No pudo. Guajardo Anzaldúa apoltronado en su ínsula ni le interesaba hacer alianzas con un factor de contextura similar a la suya: unipersonal en sus decisiones, patrimonialista en su visión de la política, y lo peor: sin un proyecto coherente para gobernar el estado.
Hacer una federación de caudillos, como lo proponía Gustavo era un ideal complicado de concretar. Sobre todo, porque ello significaba ir en contra de la naturaleza de sus liderazgos.
¿Existe en Tamaulipas un liderazgo unipersonal, capaz de ceder autoridad ante otro de similar característica? Hasta hoy ningunos ojos han tenido la dicha de atestiguarlo.
La experiencia no desencantó del todo a Gustavo. Seis años más tarde se lanzó al ruedo nuevamente. Emocionado con el descomunal crecimiento del panismo en el país, supuso que ahora sí había llegado su tiempo. Y cómo no iba a presuponer esa eventualidad si Vicente Fox había llegado a la Presidencia de la República.
De nueva cuenta la realidad sociopolítica lo puso en su lugar. Con todo y que el candidato Eugenio Hernández Flores había salido de una contienda interna de alta competitividad, la maquinaria institucional salió indemne de esa forma de procesar candidaturas. Ni Oscar Luebbert ni Homero Díaz tomaron el camino de la ruptura; los dos contendientes del proceso interno de mayor fuerza mostraron su institucionalidad y le dieron legitimidad a la candidatura de Hernández Flores quien derrotó sin menor problema a Cárdenas en su segunda incursión fuera de su territorio.
La red de poder institucional seguía sin escurrimientos graves. La huida de Álvaro Garza Cantú, al pasar del tiempo afloraron sus verdaderas intenciones: fortalecer la estructura institucional.
Esas dos experiencias le propinaron un evidente desgaste a Gustavo. Al interior del PAN empiezan a verlo como un factor de presión para mantener las canonjías familiares en la administración estatal. Pero él no se da por enterado. Sigue en su intención de ser por tercera vez candidato a la gubernatura del estado.
Nadie puede predecir si lo logrará o no. Lo que es muy posible que ocurra, de mantener la vida institucional el equilibrio que ahora guarda, es que podría recibir otra bofetada en las elecciones constitucionales.
Pero a Cárdenas es lo que menos le importa.
Aspira –como siempre- a ganar, perdiendo.

1.7

El más reciente caudillo cívico apareció en Reynosa. Es Francisco García Cabeza de Vaca. Este empresario se metió a la política subiéndose a la ola foxista que llevó a la alternancia en la Presidencia de la República: sin nadie quien le diera posibilidades de ganar fue candidato a la diputación federal por el distrito de Reynosa; contra lo que los observadores más serios creían, ganó de calle al candidato del PRI. Panista de ocasión pero diputado de coyuntura intentó competir por la alcaldía contra Serapio Cantú Barragán. No lo hizo mal, pero le faltó más estructura para triunfar.
Tres años más tarde volvió a la carga. Encontró un paisaje sociopolítico favorable. La clase política había sido agraviada con el anticonstitucional desplazamiento de alcalde Gerardo Higareda y la imposición del diputado Humberto Valdez Richard compadre del gobernador Tomás Yarrington en su primer trienio y aún no se disipaban de la memoria de los hombres del poder local esos enconos.
La candidatura de Humberto Valdez Richard de nueva cuenta generó condiciones para la emergencia del caudillo Cabeza de Vaca: desequilibró la red de poder institucional. No sin dificultades, el nuevo factor político victimó a Valdez Richard.
El triunfo electoral contra una maquinaria oficial que se presumía imbatible alimentó su carisma y lo transformó en un influyente personaje de la sociedad y del circuito de autoridad locales. Vigorizó ese liderazgo aliándose con poderosos personajes de la administración del Presidente Fox y con algunos desprendimientos del PRI.
Ha gobernado exactamente como sus homólogos de hoy y del pasado: con una infaltable estrategia patrimonialista y unipersonal en el manejo de la administración del erario municipal. Imposibilitado para realizar alianzas con otros caudillos –con Gustavo tiene una riña a muerte, y en la primera entrevista con Guajardo Anzaldúa Guajardo saltaron chispas ha tendido sus redes a grupos panistas de Nuevo León y de la ciudad de México, que si bien le han dado un importante soporte ni le han incorporado capital político para su proyecto en la entidad.
No ha podido a la vez, conciliar con los factores locales. Ha sido de alto costo el enfrentamiento con el influyente grupo de los Deándar y con grupos panistas que no piensan como él. La naturaleza de caudillo cívico no le ha abandonado en todo el ejercicio de su administración. Su actitud patrimonialista y de grupo cerrado, lo ha evidenciado con el discutible manejo de los fondos municipales. Los periódicos El Mañana de Reynosa y Hora Cero han documentado sobradamente esa conducta.
Su práctica unipersonal de hacer política, la mostró hace unos meses cuando a costa de atropellar a una multitud de panistas impuso a su incondicional Gerardo Peña como candidato a la alcaldía dejando en el camino al más fuerte y popular de los aspirantes azules, Alfonso de León.
De igual forma Cabeza de Vaca ha actuado con el Comité Directivo Estatal que dirige uno de sus representantes. Ha excluido de las más importantes decisiones a la mayoría de las corrientes panistas que en ése órgano de dirección coexisten. El resultado de esa forma de hacer política mantiene al PAN tamaulipeco en una de sus peores crisis. Ello también ha generado la pérdida de autoridad del CDE toda vez que quien ha estado normando las líneas a seguir del panismo tamaulipeco es la querella resuelta o por las autoridades superiores del PAN o por los órganos de justicia electoral como el TRIFE. Y no se diga de la debacle como político y dirigente que ha sufrido Alejandro Garza Sáenz.
Es casi seguro que Cabeza de Vaca sea diputado local. Su presencia e influencia al interior del PAN y en su feudo son innegables. También es posible que deje en su lugar en la alcaldía a Gerardo Peña. O incluso que en el futuro pueda contender por la alcaldía de Reynosa con posibilidades reales de repetir. (Finalmente eso han hecho en el pasado otros caudillos cívicos). Justamente esa tendencia al retorno, a la pequeña parcela, es lo que los dimensiona como dirigentes encapsulados en sus diminutos proyectos de poder.
Lo que se ve difícil, muy difícil, es que Cabeza de Vaca pueda llegar a la gubernatura de Tamaulipas. Y menos, mucho menos, con las formas de hacer política que le han venido caracterizando.
No falta mucho para ver una nueva edición -de no haber disturbios estructurales a nivel regional-, de la paradoja de los caudillos cívicos: poderosos en el callejón, pero enclenques a calle abierta.

Conclusiones

1. Los caudillos cívicos tamaulipecos, son entidades de autoridad que surgen apuntalados por el carisma en comunidades en donde existen o afloran fallas estructurales en la red de poder. Esto supone, partidos frágiles, partido mayoritario con insalvables contradicciones en el municipio, estructura corporativa endeble e imposición de candidatos –hasta hoy esta última circunstancia obedece sólo al PRI-. La energía social se aferra a personalidades cívicas que percibe como especiales –en el más estricto apego al concepto weberiano- y con mágicos poderes como para construir paraísos sociales y políticos en la tierra.

2. En concordancia con lo anterior, los caudillos cívicos y su carisma superan las debilidades estructurales de los partidos y emergen como un factor que los aplasta. Por ello es común ver a las organizaciones políticas ir a remolque de los caudillos, cuando por lo general un partido político (como que es una estructura social) soporta e impulsa a sus candidatos. De esto se colige el enorme daño que estos fenómenos sociales le han hecho al sistema de partidos en Tamaulipas.

3. Estos liderazgos con verticales y cerrados. Al menos en Tamaulipas este tipo de personajes actúan bajo esas prácticas. Son unipersonales en su forma de conducir sus proyectos y son patrimonialistas en su estilo de administrar los Ayuntamientos. Son cerrados bajo la idea de que son incapaces de realizar alianzas duraderas de largo plazo con otros factores; sus familiares son sus más confiables aliados. O al menos eso es lo que han enseñado los caudillos como Fernando Sampedro, Carlos Enrique Cantú Rosas, Jorge Cárdenas, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Gustavo Cárdenas y Francisco García Cabeza de Vaca.

4. La naturaleza de su liderazgo, les ha impedido estructurar alianzas con factores semejantes y proporcionar amplitud a sus proyectos. Esta manifiesta debilidad les ha impedido disputar con posibilidades cargos de autoridad más allá de sus respectivos terruños. Su empecinada práctica política aldeana, es su mayor pecado; y en ello llevan su penitencia.

5. En sus parcelas cuentan con una amplia base social que sólo sus errores son capaces de erosionar. Nunca un caudillo cívico ha sido derrotado por políticas de desprestigio o por campañas mediáticas. El carisma es una virtud –representación, diría Mauricio Duverger– que han construido las masas y no se arranca del imaginario colectivo de la noche a la mañana por muy poderosos que sean los medios y los líderes de opinión que lo enfrenta. Casi todos, han sido sepultados por la propia naturaleza de su liderazgo y las pifias que ello les acarrea. Son memorables las campañas de medios lanzadas contra Gustavo, contra Jorge, contra Guajardo y recientemente contra Cabeza de Vaca. Los resultados han sido, en su mayoría contraproducentes. Su principal enemigo ha sido –y al parecer lo seguirá siendo- la peculiar forma de utilizar su carisma.

6. En tanto las fallas estructurales que se dan con recurrencia en los municipios tamaulipecos –ya señaladas- no se reproduzcan a nivel estatal, se avizora con cierta complicación la emergencia de caudillos cívicos con posibilidades de alcanzar el gobierno del estado. ¿Qué tanto tiempo habrá que esperar para ver una crisis estructural en Tamaulipas? Eso no lo puede responder ni la sociología ni la historia. Lo que si se puede afirmar, es que cuando eso ocurra, habremos de prepararnos para una contienda electoral por el gobierno del estado, tan interesante como no se ha visto desde aquel lejano año de 1932 en que Emilio Portes Gil enfrentó a Plutarco Elías Calles y a la musculosa maquinaria llamada Partido Nacional Revolucionario.

[1] Para efectos de este artículo, consideraré el concepto de caudillo cívico para describir la acción política desplegada por diversos personajes que han encabezado movimientos cívico-electorales desde partidos contrarios al Partido Revolucionario Institucional. La mayoría de ellos, se ha escurrido del PRI hacia el PARM, PST, PAN, PRD, PT; los menos han salido de la sociedad civil. Por razones de espacio, sólo abordaremos a aquellos caudillos cívicos que han llegado al poder municipal; otros personajes como Edilio Hinojosa, Baltasar Díaz Bazán, Horacio Treviño y ese personaje atípico Joaquín Hernández Correa, los abordaremos en próximas entregas.
[2] Adriana López Monjardín, La lucha por los ayuntamientos una utopía viable, Siglo Veintiuno Editores, 1986.

[3] Jean Meynaud, Los grupos de presión, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962, También véase, Maurice Duverger, Introducción a la Política, Editorial Ariel, Barcelona, 1980.
[4] Véase Max Weber, Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1984.
[5] Véase José Ángel Solorio Martínez, Grupos de Gobierno. Tamaulipas 1919-1992, México, 1994.
[6] Ibid.
[7] Véase Carlos F. Salinas Salinas Domínguez, La esquina del poder, edición del autor, 1986.

[8] Alma Yolanda Guerrero-Miller y César Leonel Ayala, Por eso...! Centro de Investigación Multidisciplinaria de Tamaulipas-Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales, 1993.

[9] Arturo Alvarado Mendoza, Una década de política electoral, Tonatihú Guillén López, compilador. Colegio de México y Colegio de la Frontera Norte, 1990.

[10] María Guadalupe Oropeza Kérlegan, El despertar de un pueblo, Grafo Print Editores S.A., 1985.

[11] Gonzalo Martínez Silva, Ambicion, El Popular, 1985.

[12] Carlos F. Salinas, Las crónicas de campaña, edición del autor, 1993.